54 y ss. En el sistema de justicia penal chileno este principio se consagra en el artículo 166, inciso 2°, del Código Procesal Penal (en adelante, CPP) y, de ese modo, la investigación se iniciará de oficio cuando el Ministerio Público (en adelante, MP) tomare conocimiento de la existencia de un hecho que revistiere caracteres de delito. penal asiste, para disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio, con … 938-939. 17 Aunque estas modificaciones se proponen por la cátedra en relación a una primera acusación ya formulada por escrito (artículo 407, inciso 3°, del CPP), lo cierto es que lo que se razonará igualmente será válido respecto de una primera acusación formulada verbalmente en la audiencia convocada al efecto (artículo 407, inciso 2°, del CPP), caso en el cual la modificación se efectuará en relación a la formalización de investigación previa. En este asunto, como en tanto otros, el ordenamiento nacional es incompleto y lagunar, pues no entrega taxativamente al órgano jurisdiccional herramientas eficaces para desarrollar tal control, y de ahí la incertidumbre y diversidad en el tratamiento dado a esta materia por nuestros tribunales, nocivo estado que ha contribuido a la expansión de las prácticas discrecionales arriba comentadas59. 14 Sobre la incidencia del incremento sostenido de los procedimientos basados en la autoincriminación que aquí se estudian en la punición efectiva de la eventual segunda condena (reincidencia) v. Salinero (2012) p. 132. El artículo 482 –actual artículo 410 inciso 1º– rezaba así: "Resolución. Estos hechos fueron calificados correctamente por el MP como robo con violencia e intimidación, sin embargo, en la audiencia de preparación del juicio oral, sin modificar los hechos, ahora se califican erróneamente como robo por sorpresa, a fin de someter su juzgamiento bajo las normas del procedimiento abreviado. Derecho chileno y comparado (Santiago, Editorial Jurídica de Chile). Ministerio Público con Caris (2013): RUC Nº 1300096777-1, de 27 de enero del año 2013. No obstante los reparos comentados, podemos citar diversos casos en que el MP contempla ya en el quantum de la pena solicitada en su acusación o requerimiento, los efectos del artículo 68 bis del CP, así por ejemplo, en causa del Juzgado de Garantía de Curacaví, RUC Nº 1101256974-4, sentencia de 27 de noviembre de 2012, el MP solicita respecto del delito consumado de robo en bien nacional de uso público, una pena de 61 días de presidio que ya considera anticipadamente la calificación del artículo 68 bis del CP a la mitigante del artículo 11 Nº 9 del CP, concediéndose esta por la sola admisión de responsabilidad en el procedimiento simplificado de resolución inmediata48. 98 y ss. Como sabemos, se refiere a que los delitos y las penas deben estar debidamente establecidos por la ley. Concepto. … De asentarse la tesis enunciada –retiro del material fáctico no suficientemente acreditado de la acusación– en la realidad del foro, prontamente las defensas y los imputados advertirán que ninguna ventaja representa para ellos la modificación de la acusación realizada por el Fiscal, pues simplemente ha ajustado la acusación a lo que podría probar en el juicio oral, por lo que nada perderían entonces insistiendo con dicha instancia22. Y en segundo lugar, la rebaja en dos o tres grados de una pena divisible de uno o más grados (artículos 67, inciso 4°, y 68, inciso 3°, del CP). Ministerio Público con Vicencio (2004): Corte Suprema, ROL Nº 4.180-2004, de 25 de enero del año 2005. El principio de oportunidad en Colombia es de naturaleza constitucional y otorga facultad a la Fiscalía General de la Nación, para suspender, … Parte General (Santiago, LexisNexis, T.I). Engarzando todo lo dicho arriba, aceptar para nuestro ordenamiento que la retirada de material fáctico de la acusación responda a las debilidades probatorias para acreditarlo, implica dispensar al MP de su deber de objetividad (artículos 83 de la CPR, 1º y 3º de la Ley Orgánica Constitucional del MP y 77 del CPP), por el cual debe acusar "velando únicamente por la correcta aplicación de la ley", y por tanto, solo respecto de hechos suficientemente justificados durante la investigación y que podrá probar en el juicio. 1. * Doctor en derecho, Universidad de Chile (2014); Magíster en Derecho, Universidad de Talca (2008); Licenciado en ciencias jurídicas y sociales, P. Universidad Católica de Chile (2001); profesor de la Escuela de Derecho, Universidad Católica Silva Henríquez, Dirección postal: General Jofré 462, Santiago. 288-302. WebTraducciones en contexto de "principio de obligatoriedad" en español-inglés de Reverso Context: Una ley de octubre de 1985 establece el principio de obligatoriedad de … Armenta, Teresa (2012): Sistemas procesales penales. Academia.edu uses cookies to personalize content, tailor ads and improve the user experience. In dubio pro … EL ORIGEN DEL PROCESO DE REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL CHILENA, El Nuevo Sistema Procesal Penal - Carocca Pérez, Álex, ENERO – JUNIO 2017 BOLETÍN DE FALLOS RELEVANTES, I.-GÉNISIS DE LA AUDIENCIA DE PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL, El efecto de la sentencia condenatoria del procedimiento abreviado en el juicio indemnizatorio por responsabilidad civil ex delicto, CUESTIONARIO DE DERECHO PENAL SUSTANTIVO 2017, La formalización de la investigación como ejercicio de una carga procesal estratégica del Ministerio Público en el proceso penal, EL INICIO DE LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL NUEVO ORDENAMIENTO PARA EL PROCESO PENAL: UN NUEVO MODELO, PROCEDIMIENTO PENAL CAPITULO I INTRODUCCIÓN, (Revista Derecho PUCV, Vol. Principio de presunción de inocencia. Núñez, Juan Cristóbal (2003): Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral (Santiago, Editorial Jurídica de Chile). Una situación similar se advierte en Ministerio Público con Varas (2009): del Juzgado de Garantía de Valdivia. Ya Pecchi63 precisamente había criticado a la sazón que no se hiciera referencia alguna en el Proyecto de CPP a que este procedimiento abreviado solo será aplicable siempre que previamente se encuentre suficientemente acreditado el hecho punible por otros medios que no sea el reconocimiento de participación que hace el imputado. De lo último, podemos citar la sentencia del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, RUC Nº 1200604349-4, de 8 de enero de 2013, donde el MP plantea, en relación al delito de robo en lugar habitado, la concurrencia de la mitigante del artículo 11 Nº 7 del CP con la consignación de una suma de $7.500, pese a que el artículo 456 bis, inciso final, del CP prescribe que respecto de ese delito "el juez deberá considerar, especificada, la justificación del celo con que el delincuente ha obrado"44. Lo último, apoyándose en Schünemann y en la jurisprudencia alemana. Ministerio Público con Werner (2006): Juzgado de Garantía de Illapel, RUC Nº 0400082703-2, el 30 de agosto del año 2006. Sobre la privación del poder de connotación o comprensión equitativa, v. Ferrajoli (2001) p. 39. 8.-. Nº 34: pp. ROL DEL OFENDIDO EN EL CONTROL JUDICIAL DE LEGALIDAD. WebLa validez que tiene la ley penal desde que surge su obligatoriedad a raíz de su publicación hasta su derogación o abrogación. 4768 De acuerdo con lo estipulado en el artículo en el artículo 1361º del Código Civil, los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, o … En lo que respecta a esta hipótesis, el acusador particular no puede ya oponerse a la celebración del procedimiento abreviado, atendido que el artículo 408 del CPP exige que, como consecuencia de la distinta calificación que sostiene esa parte, la pena solicitada supere el límite de 5 años de presidio o reclusión menores señalado en el artículo 406. 18 Alschuler (1968-69) pp. Sorry, preview is currently unavailable. Principio acusatorio y determinadas garantías procesales (el deber de correlación). vol. Web1. 78 Horvitz (2005) T. II, pp. 49, 2, 2017): Naturaleza jurídica de la Fase Intermedia del proceso penal chileno. Chahuán, Sabas (2007): Manual del Nuevo Procedimiento Penal (Santiago, LexisNexis, tercera edición). Rodríguez, Nicolás (1997): La justicia penal negociada. Ministerio Público con Bustamante (2009): Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, 6 de agosto del año 2008. ; Politoff, Matus y Ramírez (2004) p. 533; Novoa (2005) T. II, p. 362; Cury (2005) 769; y Medina (2009) 209. Por ejemplo, aquellas rebajas de grado que obedezcan a la concurrencia de una pluralidad de mitigantes de responsabilidad penal (artículos 65, 66, 67 y 68 del CP), o a la consideración como muy calificada de alguna atenuante (artículo 68 bis del CP), así como la determinación de la cuantía específica de la pena dentro del grado (artículo 69 del CP). Fuentes del derecho procesal penal 7.1. Sobre el exigente examen de admisibilidad requerido por la doctrina argentina para la procedencia del juicio abreviado, v. Cafferata (2000) pp. 33 En esta parte seguiremos fundamentalmente la exposición de Del Río (2009b) pp. EL PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES BASADOS EN LA AUTOINCRIMINACIÓN, THE PRINCIPLE OF MANDATORY CRIMINAL PROSECUTION IN RESPECT OF PROCEDURES BASED ON SELF-INCRIMINATION. Por otra parte, igualmente el MP, con los fines ya tan comentados, postula atenuantes sin respaldo o a todas luces no configuradas legalmente, como la reparación celosa del mal causado (artículo 11 Nº 7 del CP) mediante consignación de sumas ínfimas y desproporcionadas al daño ocasionado. En lo concerniente a la agravante del artículo 12 Nº 15 del CP, v. Vásquez con Acuña (2012); sentencia del Juzgado de Garantía de San Antonio, RUC Nº 1000336390-8, de 30.09.2011; y Ministerio Público con Núñez (2010). 85-86. v.t. 44-45; y, Maturana y Montero (2010) T. II, p. 1063. Para cumplir el mandato legal del artículo 391 letra e) del CPP, el cual prescribe que el requerimiento debe contener: "la pena solicitada por el requirente", el Fiscal debe echar a andar todas las normas de determinación de la pena, algunas de las que, más allá de su carácter legal o judicial, implican un ejercicio facultativo –mas no arbitrario45– para el tribunal. 167-183. 76 Así lo ha resuelto sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 2.698-2007, de 18.12.2007 y Ministerio Público con Chauán (2009). 453 y ss. WebExcepciones a la obligatoriedad de la acción penal (la consagración del principio de oportunidad) 5 0 Descargar (0) 0 Descargar (0) By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. To learn more, view our Privacy Policy. Ministerio Público con águila (2010): Juzgado de Garantía de Osorno, RUC Nº 1000459761-9, de 27 de septiembre del año 2010. Mas, tal omisión legislativa no debe hacer creer que el codificador pretendió dejar completamente librada a la discreción del Fiscal la pena máxima que en definitiva aplicará el órgano jurisdiscente, pues la historia de su discusión legislativa da prueba de la preocupación por el abuso en la rebaja de penas que pudiera efectuarse en el marco de la negociación26. 91-92. El principio de obligatoriedad supone que los contratantes están obligados a cumplir lo estipulado en el contrato. 15 Segundo Informe de la Comisión de del Senado. Horvitz, María Inés y López, Julián (2005): Derecho Procesal Penal Chileno (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, T. I y II). B. Procedimiento simplificado de resolución inmediata. Letelier con Rencoret(2010): Corte Suprema, ROL Nº 10.150-2010, de 28 de marzo del año 2011. J. Bofill G. y E. Aimone G., Buenos Aires, Astrea). 74 v.t. Al respecto, v. Del Río (2009b) pp. Comencemos trayendo a colación el texto del inciso 1° del artículo 395 del CPP: "Una vez efectuado lo prescrito en el artículo anterior, el tribunal preguntará al imputado si admitiere responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento o si, por el contrario, solicitare la realización de la audiencia. El Nuevo Proceso Penal Chileno (Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dept. No es necesario que una persona, natural o jurídica, … Salinas con Carrasco (2013): 9° Juzgado de Garantía de Santiago RUC Nº 1200764804-7, de 27 de enero del año 2013. Document Citas 14 Citado por Relacionados. Palabras clave: Discrecionalidad, principio de obligatoriedad, proceso penal. Mientras, en causa Ministerio Público con Valenzuela (2009), se formaliza por el delito de robo en lugar habitado, y posteriormente se reformaliza, modificando los hechos y calificándolos ahora de delito de receptación, figura por la que en definitiva sanciona el Juzgado de Garantía con fecha 21 de enero de 2013 en procedimiento simplificado. VII. Bullemore, Vivian y Mackinnon, John (2005): Curso de Derecho Penal. 201-234. Sáez, Jorge (2007): "Controles judiciales en los procedimientos convencionales", Revista procesal penal, Nº 55: pp. Legalidad procesal penal. Webmatch case limit results 1 per page. Prosecutorial discretion and the guilty plea (Louisiana State University Press). El tribunal en su fallo no se pronuncia sobre la concurrencia de esta agravante no obstante que deniega beneficios de la Ley Nº 18.216 fundándose en las condenas anteriormente impuestas al requerido por diversos delitos que legalmente permiten configurar la agravante omitida43. Duce, Mauricio y Riego, Cristian (2002): Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal (Santiago, Universidad Diego Portales, Escuela de Derecho). Webque el principio de obligatoriedad es el género y el principio de oportunidad su excepción, en que el fiscal en cumplimiento de sus atribuciones y observando los … ", en Centro de Documentación Defensoría Penal Pública. Salas, Jaime (2009): Problemas del proceso penal (Santiago, Librotecnia). 24 Ministerio Público con Paredes (2012). Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho. Cerda, Rodrigo y Hermosilla, Francisco (2003): El procedimiento abreviado (Nuevo sistema procesal penal) (Santiago, Metropolitana). Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. No creemos sin embargo, que en la última situación comentada (artículos 67, inciso 4°, y 68, inciso 3°, del CP), si concurren los presupuestos objetivos –dos o más atenuantes y ninguna agravante–, pueda verse como un arrebato de las facultades jurisdiccionales del tribunal por parte del MP si la pretensión punitiva de este en su acusación o requerimiento ya comprende la rebaja solo de un grado de la pena, pues no hay acuerdo en nuestra cátedra si en este supuesto la reducción de pena en un grado es facultativa u obligatoria para el órgano jurisdiccional53. 41 Se constata el tránsito desde el delito de amenazas a la falta del artículo 494 Nº 4 del CP, en Ministerio Público con Zapata (2012), Ministerio Público con Contreras (2012) y Blanco con Arguedas (2012); Hernández con Alarcón (2012); Cifuentes con Yáñez (2012); Ministerio Público con Guzmán (2012); y, Ministerio Público con González (2010). En el procedimiento simplificado la situación es aún más desmejorada, al no prever el legislador ningún examen de legalidad respecto de la pena solicitada por el Fiscal en caso de admisión de responsabilidad del imputado. ... Medio Ambiente, Seguridad, Social, Tránsito, … Por lo anterior, únicamente cabría admitir ampliar el objeto del procedimiento abreviado a los hechos de la acusación particular –que excedan los de la acusación del MP–, cuando el imputado también acepte estos –y los antecedentes que los fundan–, ello, mediante analogía in bonam partem (admitida a contrario sensu, según se desprende del artículo 5°, inciso 2°, del CPP), si con ello se evita la exposición del acusado "a" y "en" un juicio oral, además de acceder a la rebaja punitiva que prevé el artículo 407 de CPP por someterse al procedimiento abreviado. Concurso aparente de leyes penales y … de Derecho Procesal) pp. Politoff, Sergio, Matus, Jean Pierre y Ramírez, María Cecilia (2004): Lecciones de derecho penal chileno. Y, en cuanto al segundo extremo sujeto a control judicial, esto es, que la sanción solicitada por el Fiscal no sea superior a una pena privativa de libertad de cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, sin perjuicio de lo que luego expondremos, la acotada prescripción del legislador en principio aparenta limitar este control judicial a una mera constatación formal de la conformidad de la pena solicitada por el Fiscal a los límites punitivos indicados67, sin atender a si dicha sanción se ajusta a una plausible calificación jurídica de los hechos plausiblemente reconstruidos a la luz del resultado de la investigación. RESUMEN: En este artículo se constata que la regulación nacional no contempla, respecto de los procedimientos basados en la autoincriminación, adecuados controles procesales sobre el obligatorio ejercicio de la acción penal conforme a la legalidad sustantiva que debe impulsar el Ministerio Público por imperativo legal, lo que deja como resultado, múltiples, extendidos e importantes espacios para el abandono o degradación de su ejercicio de manera discrecional, invirtiéndose con ello el modelo original de la codificación procesal, al desplazar, en el campo forense, la discrecionalidad a la obligatoriedad como regla en la persecución criminal. Para aceptar la solicitud de procedimiento abreviado, el tribunal debe verificar las siguientes condiciones: a) que los antecedentes de la investigación fueren suficientes para proceder de conformidad a las normas de este procedimiento; b) la pena solicitada por el Fiscal no sea superior a 5 años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza; c) el acuerdo hubiere sido prestado por el acusado con conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente; y d) de haberse opuesto el querellante al procedimiento abreviado, no considerare esta oposición fundada. En este caso entonces, el Juzgado de Garantía solo podrá desestimar el procedimiento abreviado razonando en base a los principios generales del ordenamiento penal, recurso al que escasamente suelen acudir nuestros tribunales. Y es esta difusa habilitación legal la que ha dado pie a formulaciones fácticas y jurídicas discrecionalmente recortadas y enmendadas por parte de la Fiscalía, no obstante constituir un tipo de discrecionalidad positiva no reconocida por nuestro ordenamiento24. WebCon el principio de obligatoriedad el MP se somete exclusivamente a la ley penal, tanto a la procesal que regula sus competencias y potestades en la persecución y en el … Principio de igualdad. 67 Este parecer ha sido defendido por Tavolari (2005) p. 242, para quien, la pena pedida, en cuanto constituye el elemento determinante del procedimiento a seguir, es vinculante para los jueces. Garrido, Mario (2001): Derecho Penal. 55 Más aún si, como sentencia Etcheberry (2001) T. II, p. 191, el artículo 69 del CP es "un precepto imperativo para el sentenciador, de modo que este está obligado a consignar en su fallo la forma en que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en este artículo". CONTROL JUDICIAL SOBRE LA DISCRECIONAL MODIFICACIÓN A LA ACUSACIÓN O REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO. Pues bien, por estas y otras razones, este principio de consenso, tradicional de los sistemas del common law, se ha propagado hoy en día por los ordenamientos europeo-continentales así como latinoamericanos, en respuesta a la necesidad de atender un mayor número de procesos ingresados al sistema de justicia criminal, de manera tal que se ha llegado a concluir que el proceso adjudicativo completo, es decir, el juicio oral, está en todas partes en decadencia11. En dirección opuesta v. Tavolari (2005) p. 236, y Ministerio Público con Vicencio (2004). Al estimar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 997-2007, de 24 de mayo de 2007 que dicha pretensión particular era fundada, conforme al artículo 414 del CPP, invalidó tanto la sentencia definitiva como la audiencia de procedimiento abreviado, ordenando la realización de la audiencia de preparación de juicio oral74. Amén de las modificaciones de pena que respondan a los dos aspectos examinados, al igual que en el procedimiento abreviado, pareciera que la regulación pertinente no da cabida a mayores variaciones del requerimiento, cuestión que como estudiaremos a continuación, también ha sido sobrepasada por la realidad forense. En este caso, si el querellante no modifica los hechos de su acusación conforme le autoriza el artículo 407, inciso 3°, del CPP, retirando los que excedan la acusación del MP –esta actuación del querellante no confronta el principio de obligatoriedad de la acción penal, el que solo recae sobre el MP–, podrá dicha parte oponerse a la aplicación del procedimiento abreviado al igual que en el primer supuesto antes visto, pues el artículo 408 del CPP no excluye que la distinta calificación jurídica, participación o circunstancias modificatorias que esgrime el querellante para oponerse al procedimiento abreviado, provenga de hechos más amplios que los de la acusación oficial, de conformidad al artículo 261 letra a). Ministerio Público con Galarce (2012): Juzgado de Garantía de Antofagasta, RUC Nº 1200253536-8, de 17 de agosto del año 2012. El texto transcrito, a diferencia del correspondiente al juicio abreviado, solo contiene una autorización para la modificación de la pena requerida, no así del requerimiento, entendiendo por tal su contenido fáctico y su calificación jurídica, por lo que determinar a qué obedece tal enmienda de la pretensión procesal ha generado aún mayor discordia entre los operadores de nuestro sistema penal, sobre todo si el legislador no sujetó expresamente tal modificación punitiva al reconocimiento de una mitigante específica ni a su operación conforme a las reglas generales, como sí lo hizo respecto del juicio abreviado. Este hecho lo calificó el MP como delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, solicitando la pena de 300 días de presidio menor y multa de 2 UTM, además de la suspensión de licencia de conducir por el término de 1 año. Una vez admitida responsabilidad por el imputado, en su fallo la sentenciadora estimó que no concurrían dos de las mitigantes alegadas por el MP –artículo 11 Nº 6 y 7 del CP–, procediendo legalmente la imposición de una pena entre 61 y 540 días de presidio, sin embargo, sanciona en definitiva con fecha 4 de noviembre de 2010, a la pena inferior requerida por el MP en virtud de lo dispuesto en el artículo 395, inciso 2°, del CPP, y argumentando que: "toda vez que ya admitida la responsabilidad penal por el encausado, se ha fijado el límite máximo de pena a imponer, encontrándose el tribunal vedado de aplicar una pena superior a ella, siendo ya intrascendente a los efectos su pronunciamiento respecto de aquellas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal". 31 Sobre esta deuda de la jurisdicción, v. Matus y Van Weezel (2003) p. 374; Politoff, Matus y Ramírez (2004) p. 537; Novoa (2005) T. II, p. 353; Cury (2005) p. 699; y, Medina (2009) p. 209. Cerda, Rodrigo y Hermosilla, Francisco (2006): El Código Procesal Penal. Martín, José (2013): "Algunas manifestaciones de la aproximación entre el proceso penal y el proceso civil", en Armenta, Teresa (Coord.) Principio de intervención mínima. La noción fuente de derecho puede definirse como el procedimiento a través del cual se produce, … 2. ABSTRACT: This article states that the national regulation does not take into account, in respect of procedures based on self-incrimination, suitable procedural controls on the mandatory exercise of penal action according to the substantive law that should boost the prosecution by law, leaving as a result, multiple, large and important spaces to abandonment or degradation of its exercise of discretion, thus reversing the original model of procedural coding, as displaces in the forensic field, the discretion as to the binding rule in criminal prosecution. Tavolari, Raúl (2005): Instituciones del Nuevo Proceso Penal. Usualmente el acusador público retira discrecionalmente de su acusación o requerimiento, a fin de pavimentar la negociación con el imputado, agravantes avaladas por la investigación y que se invocaban en la acusación, regularmente la reincidencia del imputado (artículo 12 Nº 15 ó 16 del CP) o la pluralidad de malhechores (artículo 456 bis Nº 3 del CP). retirada del actuar sorpresivo en la sustracción– cuando, por la insuficiencia de antecedentes de investigación se vislumbra como improbable probar en el juicio el hecho punible tal como se plantea en la acusación16. En la causa RUC Nº 1000736623-5, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, se presentó acusación por los siguientes hechos: "(...) en circunstancias que la víctima (...) efectuaba sus labores como repartidor de la empresa Coca Cola conduciendo el camión (...) detuvo la marcha para entregar bebidas, momentos en los cuales el imputado (...) procedió a subirse a las pisaderas de la puerta del costado izquierdo del camión portando en una de sus manos un cuchillo de regular tamaño, con el cual lo intimidó, colocándoselo a la altura del cuello, instantes en que le exigía la entrega de dinero, manifestándole con groserías que le entregara la plata si no lo mataba, situación que fue observada por uno de los peonetas, el cual, salió en defensa de la víctima, lo que provocó que el imputado huyera del lugar, ingresando sin la autorización de su propietario (...) al domicilio ubicado en calle Plumerillo Nº 6390, siendo detenido por los funcionarios policiales en el interior del inmueble". XXVI – Nº 1 – Julio 2013 Páginas 181-208 Principios de obligatoriedad y discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal … Otras apreciaciones, en Medina (2009) p. 203; y, Novoa (2005) T. II, pp. Piedrabuena, Guillermo (2000): Introducción a la Reforma Procesal Penal (Santiago, Fallos del Mes). Academia.edu no longer supports Internet Explorer. ), "en grado de tentativa" (sic. En esta materia la doctrina ha entendido principalmente que la modificación de la acusación puede consistir en la retirada de hechos –v.gr. Comentarios, Concordancias y Jurisprudencia (Santiago, Librotecnia, segunda edición). De otro modo, se incentivaría al MP a abultar los hechos de la acusación, no obstante saber que se carecerá de prueba para acreditarlos en el juicio oral, con el único objeto de autogenerarse un margen para regatear con el imputado, quien renunciaría inútilmente al juicio oral, pues ante la falta de prueba solo se habría acreditado en dicha instancia el mismo suceso que se terminó aceptando en el juicio abreviado20. Marafioti, Luca (2008): "Italian Criminal Procedure: A system Caught Between Two Traditions", en Jackson, J., Lánger, M., Tillers, P. Crime, Procedure and Evidence in a Comparative International Context. ), solicitando para el evento de admisión de responsabilidad la pena de 21 días de prisión, multa de 1/5 de UTM y suspensión de licencia de conducir por el plazo de 7 meses. 59 Del Río (2010) p. 362, caracteriza nuestro modelo de consenso en el proceso penal como un sistema práctico que se desarrolla al margen de las previsiones normativas procesal y penales, y que por lo tanto ha dado lugar a un sistema altamente desregulado e irracional. WebEXCEPCIONES A LA OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN PENAL (LA CONSAGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD) MIGUEL LANGON La acción penal es pública, … INSUFICIENCIA DE LAS MODALIDADES DE RETRIBUCIÓN ANALIZADAS. 203-215. La manipulación fáctica del hecho punible o de alguna circunstancia con el fin de dar lugar a una calificación menos grave. Letelier con Rencoret (2010). 270-271. Sobre el rol de la víctima y el querellante en el procedimiento simplificado, v. Letelier con Rencoret (2010) y Ministerio Público con Yáñez (2005). Situaciones como la recién extractada son aún más graves, desde que, en opinión de Del Río38, dan cuenta además de la infracción al deber de correlación, pues detrás de una modificación de la calificación como la indicada, lo que hay en realidad es un cambio sustancial del hecho enjuiciado. En la línea de lo que se viene argumentando, durante la discusión parlamentaria se tuvo presente que, por "la amplitud de las escalas de penas que contempla nuestro Código Penal, el fiscal tiene una posibilidad amplia para ofrecer pena, incluyendo el balance de las atenuantes y agravantes"15. 2013 Manuel RodRíguez Vega: PRinciPios de obligatoRiedad… 181 * abogado Magíster en derecho Penal Profesor de derecho Penal de la u católica silva …  Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons. El tema planteado se refiere a la aplicación del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil que prescribe “En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al reo”, presentándose el problema de sí tal disposición puede hoy recibir aplicación en todas las clases de procedimiento que contempla el nuevo Código Procesal Penal, en atención a que tal disposición fue promulgada para otra clase de procedimiento en materia criminal y también a que, en algunos casos, los nuevos procedimientos penales, no cumplen todas prescripciones exigidas al debido proceso.