Por la falta de conocimientos jurídicos, las autoridades comunales no entenderían las distinciones jurídicas entre estos tipos de infracciones establecidas en el Código Penal. Recuperado de http://www.erbol.com.bo/noticia/ indigenas/16032016/cardenas_la_ley_de_deslinde_jurisdiccional_es_racista, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú [CUNARC] (2015, 2021 de febrero). La justicia indígena en el Ecuador. Estudios empíricos realizadas por la Organización no Gubernamental Flora Tristán indican que en el caso del pueblo Awajún las normas tradicionales de estos grupos étnicos no concuerdan «con los preceptos constitucionales que garantizan la libertad y seguridad de las mujeres indígenas; las cuales en la práctica están indefensas ante delitos sexuales y otros maltratos en el derecho indígena» (Paredes, 2005, p. 45). 34ss.). But since 1993 when the Constitution was enacted, Congress has failed to fulfill this task. Siguiendo en la misma línea de ideas, podemos observar cómo es que la justicia popular en el Perú en algunas de las zonas más pobres siempre se ha permitido y dado desde la época de la Colonia. Aunque el estudio ha revelado que generalmente el respeto de los derechos de mujeres ha mejorado en las comunidades entre 2003 y 2010 (Brandt, 2013, pp. En el otro extremo del debate se encuentra una corriente de opinión que interpreta las normas constitucionales en el sentido de que la justicia comunitaria puede «regular y conocer todas las materias, sin límite alguno de cuantía o gravedad», incluso en casos en los cuales terceros no-indígenas cometen un hecho «dañino contra personas o bienes indígenas dentro del ámbito territorial indígena» (Yrigoyen, 1999). Sin ella, tendremos un gran embudo de desarrollo en el Perú. Además, serían los órganos competentes para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra resoluciones de los fueros comunales. Otro de los mayores problemas sociales de México, y probablemente uno de los que se encuentran a la base de la mayoría del resto de problemáticas de esta lista, se encuentra en el elevado nivel de pobreza. Los demás casos terminan con una transacción, es decir, con la ratificación de un acuerdo preestablecido (1,9%) o siguen pendientes porque requieren una investigación suplementaria (27,2%) (Brandt, 2013, p. 317). La facultad jurisdiccional de las Rondas Campesinas. Ley 89, 1996). Cinco grandes problemas. Partiendo de los principios generales de la coordinación («Proyecto de Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia», art. Falta de oportunidades económicas y desempleo. Sin embargo, esta alternativa provocaría el rechazo de muchos litigantes porque ante la justicia estatal no se puede lograr el objetivo principal de la justicia comunitaria: el restablecimiento de las relaciones sociales afectadas. El mecanismo para lograr este objetivo es la búsqueda de un nuevo equilibrio entre las partes en la fase de "diálogo" del procedimiento» (Brandt, 2013, p. 293). En febrero de este año comenzó en Lima el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, el primero del caso Lava Jato en Perú. (VER GRAFICO:UNIDADES . LA LUCHA POR LA LEY DE COORDINACIÓN INTERCULTURAL DE JUSTICIA. Con ella también pretende que no pase inadvertida la conmemoración del 75º aniversario de la promulgación de la primera ley dominicana sobre archivos, en 1935, así como de la organización del Archivo General de la Nación con arreglo a unos criterios propiamente científicos, por primera vez en nuestro país. El argumento central para la exclusión de estas materias de la jurisdicción comunal es que estos delitos «implican una preocupación nacional que escapa a las esferas, ámbito y control de la justicia especial, por las graves consecuencias que estas actividades generan para la tranquilidad y desarrollo del país» (Dictamen 01-20132014/CPAAAAE-CR, p. 42). El derecho campesino o indígena se basa en el derecho consuetudinario es decir, en normas tradicionales no codificadas, así como en nuevas normas acordadas en las asambleas y tipificadas en estatutos, reglamentos y actas y, finalmente, en normas estatales como las disposiciones sobre las comunidades campesinas o las rondas campesinas. Dictamen 01-2013-2014/CPAAAAE-CR, Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República [Perú] (19 de noviembre de 2013). Se puede constatar que, en general, las tensiones entre los dos sistemas judiciales han disminuido, a pesar de las denuncias de parte de la CentralÚnica Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), según las cuales la persecución penal de dirigentes por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial prosigue. 9). Crisis de la justicia en Perú: un problema y una posibilidad. A continuación el autor expone. El gran número de participantes en los eventos interculturales del Poder Judicial comprueba este interés. Estos serían órganos de recurso contra decisiones u omisiones de la justicia comunitaria e instancias de decisión en conflictos de competencias, si «el diálogo de buena fe» entre los representantes de los sistemas judiciales, previsto para estos casos en el artículo 11 del nuevo proyecto, no prospera. La crisis política en Perú de 2016-2020 se refiere al período de inestabilidad que inició durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2016 y que continuó durante el mandato de sus sucesores Martín Vizcarra (2018-2020) y Manuel Merino (2020). En diciembre de 2013, la comisión aprobó por unanimidad el dictamen «Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia» como texto sustitutorio (Dictamen 01-20132014/CPAAAAE-CR). La Justicia en el Perú: Cinco grandes problemas . Palabras clave: justicia comunitaria, justicia indígena, rondas campesinas, comunidades campesinas, comunidades indígenas, ley de coordinación, pluralismo jurídico, Perú. La corrección de una decisión arbitraria o injusta de una comunidad por esta instancia intercultural es ciertamente una intromisión en la autonomía de la comunidad, pero la independencia de la jurisdicción especial no significa el derecho a la arbitrariedad. Introducción. Un ejemplo es la entrevista con el viceministro de «Descolonización» de Bolivia, Félix Cárdenas, sobre la Ley de Deslinde Jurisdiccional que coordina la justicia ordinaria e indígena: La Ley de Deslinde Jurisdiccional […] es […] totalmente racista porque si la Constitución dice que son de la misma jerarquía [la jurisdicción ordinaria y la indígena], ya algunas mentalidades occidentales en el Parlamento han dicho: «no estos pobres campesinos no van a resolver temas grandes, solamente robos, hurtos», eso es racismo jurídico y los temas mayores, claro, los fiscales, los jueces que saben cómo manejar el tema, entonces la Ley de Deslinde está a contrapelo de las exigencias de la demanda de una justicia verdadera («Cárdenas: La Ley de Deslinde», 2016). Los conflictos penales ocupan el segundo rango (32%). 3. ¿Cuáles son las normas vulneradas que motivaron los conflictos tramitados ante la justicia comunitaria? Recuperado de http://elcomercio.pe/politica/ actualidad/tremenda-desconfianza-opinion-ciudadana-sobre-institucionesnoticia-1842421, Murra, J. V. (2002). La interpretación del término «ley de coordinación» es coherente con otras numerosas leyes en los diversos países iberoamericanos que regulan la coordinación de sistemas autónomos fiscales, de policías, de seguridad ciudadana y que tienen en común el establecimiento de Normas Marco sobre las competencias concurrentes y cooperación recíproca de los diferentes órganos. [ Links ], Hömig, D.& Wolff, H. A. Lima, 1984. p.220. Estádio Nacional do Peru, Lima: Amistoso [56] 12/01/1966 0-1 Universitario: Estádio Nacional do Peru, Lima: Amistoso [57] [58] 15/01/1966 3-1 Deportivo Municipal: Estádio Nacional do Peru, Lima: Amistoso [59] 02/02/1966 2-2 Colo-Colo: Estádio Nacional de Chile, Santiago: Amistoso [60] 06/02/1966 2-0 San Lorenzo: Monumental de . Además, conflictos de esta naturaleza no son únicamente asuntos internos de la comunidad. Los resultados son cambios estructurales dentro del Poder Judicial como la creación de escuelas o institutos de justicia intercultural a nivel de las Cortes Superiores que ofrecen eventos de intercambio entre magistrados y autoridades indígenas, comunales y ronderas. Los sistemas de derecho de las comunidades andinas también están influenciados por su entorno cultural. "La reforma tiene que impulsarse desde el ejecutivo . La gran tarea de las comisiones del Congreso ahora es elaborar, sobre la base de los antecedentes, un proyecto equilibrado que no pase por alto la construcción de un dualismo de jurisdicciones, sino que tome en consideración que las personas sometidas a esta jurisdicción gocen de los mismos derechos que todo el resto de ciudadanos. 7 § 2). Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 5 y 40 de la Ley 89 de 1890, C-139/96 (Corte Constitucional [Colombia], 9 de abril de 1996). Los objetivos comunes de la justicia comunal y estatal son la resolución de conflictos interpersonales, la seguridad jurídica, la protección de la población contra la delincuencia, la imposición del orden jurídico y finalmente en el mejor de los casos la confianza de los ciudadanos en la persistencia del Estado de Derecho. Por la falta de una sentencia fundamentada y escrita, los criterios aplicados no son verificables posteriormente. 6 consagran el acceso a la justicia el artículo 8 de la declaración u niversal de los erechos Huma Se trata del tipo de acuerdo más registrado en las actas (alrededor de 32%). Más aun, cuentan con una larga tradición de atender conflictos de ambas naturalezas. El discurso de representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) sigue los mismos patrones. De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Pueblos, la denuncia penal contra el individuo no procedería por la competencia de la otra vía judicial de los fueros comunales. En 2022, la opinión pública peruana consideró que los tres principales problemas que afectaban a la sociedad eran la corrupción, la delincuencia y la subida de los precios. Además, demandas basadas únicamente en el derecho propio, que no tienen analogía en el derecho estatal, serían declaradas inadmisibles por las instancias del aparato estatal de justicia. Desde la perspectiva de los intereses empresariales es comprensible que la industria extractiva quiera imposibilitar que las comunidades y las rondas campesinas tengan funciones jurisdiccionales en zonas de inversión, especialmente si las competencias de estos fueros no se limitan a problemas internos de las comunidades, sino que podrían extenderse también a actividades de las empresas y sus empleados. Correo electrónico: Este panorama ha ido variando significativamente durante las últimas déca-das. Walter Gutiérrez Camacho. La mayoría de los dirigentes comunales entrevistados en Cusco (58%) afirmó en las encuestas de 2010 que «nunca» se debe aplicar castigos físicos porque vulneran los derechos humanos (N = 90). Pásara, L. ob.cit. Recuperado de http://www. Pero tampoco se puede descartar la tendencia de un cambio de orientación hacia un mayor respeto de los derechos fundamentales. Sin embargo, también los críticos que no están convencidos de la argumentación de la Corte tienen que admitir que en un Estado de Derecho hay que respetar la jurisprudencia consolidada y firme de la Corte Suprema que pone fin a una controversia jurídica. El resultado son conflictos institucionales entre las jurisdicciones y persecuciones penales de integrantes de rondas campesinas. Sin embargo, en juicios que tienen repercusión nacional, la toma de decisiones debería ser documentada de manera transparente. Las rondas campesinas tienen el derecho de administrar justicia en sus ámbitos territoriales, aplicando su propio derecho a cualquier persona y sobre todo tipo de materia. Estas materias, en consecuencia, son atribuidas a la justicia comunal. Ananias Narvaez c. la directiva del Cabildo de la Comunidad Indígena de El Tambo [proceso de tutela], T-254/94 (Corte Constitucional [Colombia], 30 de mayo de 1994). Conflictos de competencia entre las autoridades de la jurisdicción estatal y la comunal serán resueltos también por decisión de una sala de la Corte Superior (art. Barreras para la Administración de JusticiaComo en otros países de América Latina, en el Perú existen marcadas barreras que impiden acceder a la justicia a la mayoría de la población, siendo quizás una diferencia importante el alto porcentaje de ciudadanos que terminan en condición de indefensión. Independientemente de la ley de coordinación, habría que priorizar el acceso a la justicia de personas «más desfavorecidos, quienes se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad, como las mujeres» y asegurar que «puedan ejercer sus derechos fundamentales ante el sistema estatal» (Ardito, 2011, p. 261). Los opositores rechazan la fundamentación detallada de la Corte que cuestiona la interpretación «meramente literal» del artículo 149 de la Constitución y fundamenta. Pluralismo jurídico, derecho indígena y jurisdicción especial en los países andinos. Recuperado de http://diariocorreo.pe/edicion/piura/piurarondas-campesinas-detienen-y-entregan-a-acusado-de-homicidio-592442/, Puno: Programan paralización para el 01 de mayo, ante Ley que atentaría contra las rondas campesinas (2017, 02 de abril).Onda Azul. Activa Perú reveló en una reciente encuesta de opinión que el 46,2% de los peruanos confesaron considerar la corrupción como el principal problema del país. Existe un amplio consenso en la literatura y la jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional de Alemania en el sentido de interpretar el «contenido esencial» de la norma constitucional de manera restrictiva. Mientras no exista la ley de coordinación que delimite la competencia, la justicia comunitaria sigue siendo competente para conocer cualquier tipo de infracción y, por ende, los actores no cometen delitos si actúan en el marco de sus atribuciones. RESUMEN: El presente artículo es resultado de una investigación a mayor escala, realizado por el autor con la finalidad de analizar el incremento de juezas en la administración de justicia en el . However, the content of the required law is controversial. & Franco, R. En el artículo 10 se define la competencia exclusiva de la justicia ordinaria: «los delitos de narcotráfico, de terrorismo, contra el Estado y la defensa nacional, contra los poderes del Estado y el orden constitucional, de genocidio, de lesa humanidad, contra el derecho internacional humanitario y de agresión contra otro Estado». Como orientación práctica para la coordinación interforal, el Poder Judicial publicó en 2013 el «Protocolo de coordinación entre sistemas de justicia» (Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena [ONAJUP], 2013; Bazán, 2015). En cuanto a la competencia personal, la propuesta del Poder Judicial pretende que los conflictos que involucran a personas no pertenecientes a una comunidad campesina, nativa o ronda campesina sean sometidos a conocimiento de la sala correspondiente de la Corte Superior, a fin de que esta dirima qué jurisdicción la ordinaria o la especial comunal debería atender el caso, salvo que el imputado exprese su consentimiento con el procedimiento ante la jurisdicción comunal (art. En cuanto a las violaciones sexuales, se ha preguntado en las entrevistas cuál es el fuero más apropiado para administrar justicia. Documento preliminar 2014-2015. . En cuanto a las deliberaciones y decisiones, el presidente sería solo el «primus inter pares», con un voto con el mismo valor que el de los demás integrantes. [ Links ], Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena [ONAJUP] (2013). If you are author or own the copyright of this book . En C. I. Degregori (ed. Las estadísticas muestran que estos casos ocurren raras veces. También el Tribunal Constitucional asignó a la justicia comunal equivalentemente el mismo rango de excepción que a la justicia militar y a la arbitral (Fiscal de la Nación c. Ley 28655, 2006, fundamento 8; Fernando Cantuarias Salaverry c. Fiscal, 2006, fundamento 7). Estos fueros podrían asumir la función de atender quejas o apelaciones contra decisiones comunales. Recuperado de http://cdn7.larepublica.pe/sites/default/files/pdf/gacetajudic/2015/09/11/Gaceta%20Judicial-702766-cj110915.pdf, Brandt, H.-J. Debido al estrecho control social y el seguimiento del caso por las autoridades, la justicia comunal generalmente logra sus objetivos, incluso en los delitos más graves. La sentencia de la Corte Suprema se basó en la legislación vigente en el momento. Informe sobre la Justicia en el Perú. Key words: communitarian justice, indigenous justice, coordination of judicial systems, indigenous communities, legal pluralism, conflicts of justice, Peru. . Así, ambos sistemas judiciales intervienen en la misma clase de contiendas, frecuentemente con objetivos y resoluciones opuestas. Los dirigentes comunales entrevistados reconocen que la justicia comunal es más idónea para resolver los conflictos de la población rural. El Poder Judicial es percibido como una instancia ajena, donde no se toma en cuenta los valores y las costumbres de la comunidad. 153-4. 355-356). La justicia de las comunidades andinas y selváticas existe desde tiempos preincaicos. 1. La Corte Suprema estableció que los ronderos actuaron dentro de sus funciones legales y que las prácticas judiciales fueron justificadas. Historia Cámara de Apelaciones. & Ruiz, J. C. Gitlitz advierte que «en nuestro deseo paternalista de proteger la diferencia, se corre el riesgo de conformar un nuevo tipo de marginación, creando una ciudadanía de segunda clase, un equivalente a la "república de indios" de la época colonial en pleno siglo XXI. Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia; Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos. [ Links ], Basadre, J. Un Estado de Derecho expuesto es, y siempre será, la eterna invitación a la corrupción y la miseria. El objetivo de deslindar las funciones judiciales no es de ninguna manera la disminución del rol de la justicia comunitaria, sino el fortalecimiento, exonerándola de cargas que sobrepasan su capacidad de resolución. Universidad Tecnológica del Perú . El argumento jurídico alegado en la discusión actual para fundamentar la posición «maximalista» sostiene que ni «los textos constitucionales de los países andinos, ni el Convenio 169 establecen un límite en cuanto a las materias o la gravedad de hechos que puede conocer el derecho indígena» (Yrigoyen, 2004,p. Un 24% sostiene que «a veces» hay que emplearlos y solo un 18% de los dirigentes dice que «estas medidas deben ser la regla» (p. 320). (2010). ), Derechos ancestrales: Justicia en contextos plurinacionales (pp. Tomándolo de diferentes puntos de vista se llega a la conclusión de que la justicia es tanto un valor como una virtud que está presente en la sociedad y . & Franco, R. 7), con excepción de «delitos contra el Estado, contra el ordenamiento jurídico internacional, de criminalidad organizada, de homicidio doloso y de violación sexual» que serán de conocimiento exclusivo de la jurisdicción ordinaria (art. Teniendo una visión más amplia de lo que es justicia. A forma de precisar, el pacto social según lo . 2. Se ha dicho que el derecho a la selección del fuero debilitaría la jurisdicción comunal, pero no hay que olvidar que la vía judicial ordinaria sirve hasta la fecha como recurso legal contra decisiones injustas de la justicia comunal. El informe elaborado por Gaceta Jurídica y La Ley desarrolla de manera objetiva el estado de la carga y descarga del Poder Judicial, la provisionalidad de los jueces, la demora de los procesos judiciales, entre otra data significativa . Otro ejemplo es la restructuración de la Oficina Nacional de la Justicia de Paz en una Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) a fines del año 2012, que ahora está encargada de promover la coordinación con la justicia comunitaria. En cambio, los «delitos», que en la justicia estatal son normalmente castigados con la privación de la libertad, deberían permanecer dentro de las competencias de la justicia ordinaria. En vista de la controvertida jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, que excluye de la competencia de la justicia indígena los delitos contra la vida (Olivo Pallo, Víctor Manuel c. Decisiones, 2014), el presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, manifestó que la resolución de la Corte «atenta y afecta el proceso de vida de todos los pueblos y las nacionalidades que llevan 500 años ejerciendo la justicia desde su cosmovisión indígena». La respuesta la encontramos evaluando las aptitudes jurisdiccionales de las comunidades. Cambios en la justicia comunitaria y factores de influencia (Serie Justicia Comunitaria en los Andes: Perú y Ecuador 9). Las demás comunidades se encuentran en un acelerado intercambio cultural con la sociedad dominante por una serie de razones como la educación escolar, la creciente interacción con el mercado o la migración (temporal) a las ciudades. El segundo problema clave es la ausencia de la mencionada ley de coordinación. 4. Resumen: La Constitución Política del Perú reclama una ley de coordinación de la justicia comunitaria con las instancias del Poder Judicial. Recuperado de http://www.eluniverso.com/ noticias/2014/08/04/nota/3321746/conaie-se-declara-desobediencia-resolucioncc-sobre-justicia, Cunow, H. (1937). En el año 2000, cerca del 20 % de . La policía inmediatamente arrestó a una persona por obstrucción de la justicia. Los involucrados tienen que presentar sus versiones de la controversia cara a cara, no hay una representación por abogados. Las zonas de inversión de estas industrias se encuentran en territorios de los campesinos e indígenas. En síntesis, se ha perfeccionado las propuestas anteriores, concretizando y precisando principios generales y normas sobre la competencia. Sin embargo, se aplican solo en una proporción reducida. Sin embargo, a pesar del mandato claro de la Constitución, el Congreso sigue sin cumplir esta tarea pendiente desde 1993 cuando se promulgó la Carta Magna. La restricción toma en consideración que las comunidades no están en condiciones de resolver todo tipo de conflicto. Las autoridades comunales opinaron, en su mayoría, que los casos de «abuso sexual a una niña» deben ser vistos por la justicia estatal (64,4%), un tercio del grupo propuso que fueran vistos por ambos fueros (30%) y solo una muy pequeña minoría (5,6%) reclamó exclusivamente el fuero comunal para este tipo de casos (N = 111) (Brandt, 2013, p. 214). La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial (artículo 149). Algunos principios coinciden con las garantías mínimas del debido proceso como la imparcialidad de las autoridades o el derecho del inculpado a la defensa. 5, p. 54). Panorama de la antropología en el Perú. Sin embargo, queda alguna inquietud ya discutida. Aplicando el método teleológico e integral (Código Civil, artículo 170), es decir, examinando el sentido, el fin de las normas, se llega a otras conclusiones. El trabajo infantil es un problema grave en Perú. Además, ¿cómo se relaciona la jurisdicción comunal con el Poder Judicial? RPP Noticias. Nuestras entrevistas con representantes de comunidades en las provincias altas de Cusco en Canas y Canchis muestran que un 89% (de un total de 111 entrevistados, N = 111) continúa desconfiando de la justicia «de la ciudad» (Brandt, 2013, p. 192). PDF | ARTICULO DE OPINION La corrupción es un problema que azota en el Perú desde hace muchos años atrás y al parecer no había un control sobre ello y. La otra parte consiste de normas estatales y nuevas normas incorporadas en el derecho propio. En cuanto a las competencias materiales de los fueros comunales, se ha excluido ahora los delitos de homicidio (Código Penal, artículos 106 y 113) y de violación de la libertad sexual (artículos 170 y 177), los cuales, de acuerdo con el artículo 10 del nuevo proyecto de ley, serán competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria. Roberto Espinoza. Sobre la base de una «Hoja de Ruta», el Poder Judicial implementó una nueva política institucional que apunta a una apertura del aparato judicial hacia una justicia intercultural. Ello en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Perú de 1993, la jurisprudencia de la Corte Suprema (Caso Soritor), y el Convenio 169 de la OIT, entre otrasfuentes»(Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, 2015). Sin embargo, se plantea la cuestión de hasta qué punto una ley de coordinación podrá restringir derechos constitucionales, especialmente el derecho a la autonomía de las comunidades campesinas e indígenas y a la identidad étnica y cultural. El vocal asumiría la función del presidente que organiza la tramitación de las causas. Esta instancia sería, por lo tanto, la autoridad decisoria en los siguientes casos: El fuero debería ser compuesto por un vocal de la Corte Superior y dos representantes de comunidades y rondas campesinas en condición de jueces ciudadanos (Brandt, 2010). Grundrechte, Staatsrecht II (32a ed.). [ Links ], Poder Judicial del Perú, Corte Superior de Justicia de Cajamarca, El Búho de Atenea. Hermann Göring fue llevado a juicio por . 02/12/2015 12:13:26 p.m. Ámsterdam: Elsevier. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [Constitución, Alemania]. Falta de Gobierno en la Rama Judicial. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Pontificia En ese sentido, manifestó que el CPC elaboró 15 propuestas específicas para mejorar el sistema de justicia en el Perú, lo cual redundará en una mejora de las instituciones peruanas. Como se verá más adelante, esta proposición vulnera el derecho a la tutela judicial de los afectados. Recuperado de http://www.brandthm.de/publicaciones.html [ Links ], Brandt, H.-J. Lima: Instituto de Defensa Legal. cit., pp. 6. extrema preocupación por parte del sector empresarial que realiza actividades en zonas donde hayan comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas, ya que podrían verse afectadas empresas que realicen sus actividades en el sector hidrocarburos, minería, electricidad, infraestructura vial, industrial, comunicación, construcción, empresas forestales, agrícolas, entre otras, mediante la creación de un sistema paralelo de administración de justicia no acorde con lo establecido en nuestra Constitución Política y generando inestabilidad jurídica e institucional(Carta CONFIEP PRE-011-2014). 19, n.o 2). LA POSICIÓN «MAXIMALISTA». III.3. En este conjunt doe problema sse suel ine - cluir las necesidades d e alimentación vivienda, , vestimenta, atención de la salud, etc.. Como en la mayoría de los tipo ds e proble-mas sociales lo,s de carencialida ndo necesaria-mente presenta unn a situació dne congruencia sino que por el contrario, se presentan en confi- Múnich: C.H. Esto es un mandato del Estado de Derecho. La posición purista se enfoca principalmente en la dislocación sistemática de las jurisdicciones, pero pierde de vista el derecho a la tutela judicial de las comuneras y los comuneros. Estas son algunas expresiones que ilustran esta impresión: «entre los presos hay muchos inocentes» y «la policía suelta al detenido a medio camino». A pesar de los alcances de la justicia comunitaria, descritos en el primer apartado, no deberíamos idealizarla. The Science; Ardito, W. (2011). Mediante el Acuerdo Jurisdiccional de la Corte Suprema del Perú (1-2009/CJ-116) se estableció una doctrina que despenaliza la justicia comunitaria. Como se ha mostrado, en la práctica diaria, las comunidades tienen que atender una serie de conflictos cotidianos como agresiones físicas y verbales, hurtos y robos y delitos contra el honor, conflictos organizativos de las comunidades, violencia contra mujeres y conflictos familiares. [ Links ], Yrigoyen, R. (1999). Conforme al mandato de las «Leyes de Indias», fueron competentes en casos civiles hasta una cuantía de tres pesos y, en casos penales, para juzgar infracciones menores que no llevaban consigo la pena de muerte. . De este proceso sociopolítico «ni las autoridades indígenas, ni las organizaciones, ni los operadores oficiales de justicia, ni las comunidades indígenas se puedan sustraer» (Ariza, 2010, p. 39). 14 N.o 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce a «toda persona declarada culpable de un delito» el derecho de someter el fallo condenatorio ante un tribunal superior. El principio de la maximización de la autonomía de la jurisdicción indígena no debería fortalecer a una instancia comunitaria única que actúa sin control de parte de una instancia ajena de la comunidad» (Brandt, 2013, p. 358). Jueces y corrupción en Perú. Cinco grandes problemas . Estos casos tenían que derivarse a los Corregidores o Alcaldes Mayores (Serrano, 2005, p. 39). Encontramos que «casi todos los dirigentes saben que de acuerdo al derecho estatal estas sanciones son prohibidas o por lo menos legalmente cuestionables» (p. 320). No todos los fueros comunitarios tienen una larga tradición. La citada declaración de la CUNARC (2015) se refiere también a la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Soritor (Recurso de nulidad, 2004) para justificar su posición. El intento de reducir la competencia de los fueros comunales en lo penal solo a faltas no es apropiado. El artículo describe los problemas que resultan de este vacío legal y fundamenta la necesidad de la Ley de Coordinación Intercultural de . (eds.) En la era de la república, la función de administrar justicia residió exclusivamente en el Poder Judicial, pero de facto los terratenientes y sus mayordomos ejercían la «justicia de patio de hacienda» sobre los indígenas de comunidades sometidas. El núcleo de una norma constitucional debería ser todavía aplicable, a pesar del dispositivo legal limitante (BVerfGE 2, 266 (285)). Lima: Poder Judicial. Edgar Huacca, exdirigente de las rondas campesinas en la provincia de El Collao, señaló que «Lo más preocupante para las rondas campesinas… es si una vez que esa Ley se apruebe, estaremos sujetos, subordinados por el Poder Judicial, Ministerio Público, peor aún habrá una persecución contra los dirigentes de las rondas campesinas» («Puno: programan paralización», 2017). (2005). Es decir, no reconocen que se trata de una judicatura independiente como la justicia castrense o la arbitral porque el artículo 139, número 1 de la Constitución, que establece la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, no la menciona como jurisdicción excepcional. El problema real es, por lo tanto, cuál es el «ámbito intangible» de la justicia comunitaria que una ley de coordinación tiene que respetar. Sin embargo, estas consideraciones, que se refieren a la limitación de decisiones de la justicia comunitaria por derechos fundamentales, no son transferibles a la problemática discutida aquí, porque el objeto de la presente consideración no se refiere a un conflicto entre el reconocimiento constitucional de la autonomía de las comunidades y la consagración de los derechos humanos, como en el caso que fue objeto de la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. Desde el enfoque económico, la posición «minimalista» tiene el respaldo de parte de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). Ley 89, 1996, consideración 6.2.2; También conocido como el enfoque de equidad. Cinco grandes problemas DOCUMENTO PRELIMINAR 2014-2015 DIRECTOR: WALTER GUTIÉRREZ C. Informe LA JUSTICIA EN EL PERÚ nueva caratula informe-aprobada.indd 3 02/12/2015 12:13:26 p.m. El estudio constata que «su importancia se explica por la estrecha convivencia de las familias en las comunidades y las relaciones de reciprocidad entre ellos. El artículo 11.1 del proyecto de Ley de Coordinación de la Comisión de Pueblos establece que estas controversias serán resueltas «mediante el diálogo de buena fe en reuniones de trato directo hasta llegar a un acuerdo» (Dictamen 01-2013-2014/CPAAAAE-CR, p. 56). Lima: Instituto de Defensa Legal. Gaceta Jurídica 2015. En caso contrario, el proyecto de ley nunca recibiría una mayoría parlamentaria. Este fenómeno de interpenetración y mezcla de sistemas legales fue definido como «interlegalidad» (Santos, 1987, p. 298). La primera ronda fue organizada en Chota (Cajamarca) el 29 de diciembre de 1976 (Brandt & Franco, 2006, p. 85). Recuperado de http://larepublica.pe/politica/9011-seeliminara-el-articulo-que-impedia-las-rondas-campesinas-impartir-justicia, Serrano, V. Recuperado de https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0508230049942cb5a8a 6f9cc4f0b1cf5/Inst+N+2002-0122.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0508 230049942cb5a8a6f9cc4f0b1cf5, * Doctorado FU Berlin, vocal de la Corte de Berlin (jubilado). En Yanaoca, la capital de la provincia de Canas (Cusco), 400 mujeres de la comunidad Hampatura y comunidades vecinas entregaron entre el 19 y 20 de noviembre de 2012 al fiscal y a la policía a «un individuo que durante años había maltratado frecuentemente a su mujer y sus hijos» (p. 362). inmediata a la Presidencia del Consejo de Ministros; los términos utilizados fueron los siguientes: "Señores ministros apersonarse inmediatamente a PCM". 2019 • Nelson Ramírez Jiménez. El proyecto de ley de la Comisión de Pueblos pretende reforzar los derechos colectivos de los campesinos y pueblos indígenas y fortalecer la autonomía de los fueros comunales evitando una intervención ajena en sus tareas jurisdiccionales por la justicia ordinaria. Por otro lado, hay dirigentes que estiman los castigos físicos como muy eficaces. Negarle este derecho significaría una discriminación que ni la víctima ni las comuneras denunciantes entenderían. Recuperado de http://alertanet.org/dc-ryf-criterios. Resumen: La Constitución Política del Perú reclama una ley de coordinación de la justicia comunitaria con las instancias del Poder Judicial. Considerando estudios de campo (La Rosa & Levaggi, 2013) y luego de discutir el tema en «Congresos de Justicia Intercultural» en La Merced (septiembre de 2010) y Cajamarca (diciembre de 2010) con jueces, fiscales y representantes de comunidades y rondas campesinas, una comisión elaboró el proyecto de «Ley de Coordinación y Armonización Intercultural de la Justicia» («Proyecto de Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia», 2011). El regreso a una práctica legal que niega la facultad jurisdiccional de las rondas no sería entendido por los campesinos e indígenas. Los extremos son representados, por un lado, por los «minimalistas», que quieren reducir las facultades de los fueros comunitarios a un mínimo, y los «maximalistas», por el otro lado, que reclaman competencias ilimitadas para las instancias comunales. La cuestión que debe determinarse aquí es cuáles son los límites del encargo de la misma Constitución de reglamentar la coordinación de los sistemas de justicia. In the discussion four currents of opinion can be determined. (2010). Simón Bolívar por decreto del 12 de febrero de 1821 creó la Cámara de Apelaciones, con jurisdicción que alcanzó los actuales territorios de los departamentos de Tumbes, Cajamarca, Piura, Lambayeque, Amazonas y La Libertad, Fue el primer Tribunal de Justicia del Perú con sede en la ciudad de Trujillo con el objetivo de reemplazar a la Real Audiencia de Lima. Recuperado de http:// cunarcperu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=794:con clusiones-y-acuerdos-de-la-asamblea-nacional-de-delegados&catid=1:latestnews&Itemid=1 [ Links ], Conaie se declara en desobediencia por resolución de CC sobre justicia indígena (2014, 04 de agosto). Un gran problema del nuevo dualismo de jurisdicciones y de la separación sistemática de las funciones jurisdiccionales es la protección de los derechos individuales. Desde un punto de vista empresarial, es también entendible que la CONFIEP se oponga a una competencia comunal que incluya el juzgamiento de infracciones cometidos por terceros que no viven en la comunidad. 20-73). En el caso concreto, se puede llegar al resultado de que el núcleo intangible de la autonomía y del derecho colectivo de ejercicio de la función jurisdiccional de las comunidades (Constitución Política del Perú, arts. Desde el año 2009, el Poder Judicial está reconociendo dicha problemática y trata de superarla (La Rosa & Levaggi, 2013, pp. Por esta razón propongo, como elemento nuevo, la creación de Comités Distritales de Justicia Intercultural a nivel de los distritos judiciales. 27 Munk afirma que, en general, poseemos pocos detalles biográficos sobre las celebrida-des judías de la Edad Media, hasta el extremo que, en la mayoría de los casos, sólo son conocidas a partir de sus obras: «tanto en el mundo musulmán como en el mundo cris . Por esta razón, no hay seguridad jurídica para los usuarios o condenados de esta justicia, pues estas resoluciones no adquieren la fuerza de «cosas juzgadas», es decir, la justicia estatal puede retomar un caso ya resuelto por la justicia comunal. Pobreza. Esta corriente de opinión sigue la narración de una justicia indígena autóctona y autónoma no limitada desde épocas «milenarias» con base en sus tradiciones «ancestrales». Los delitos graves mencionados a menudo dividen a la comunidad en dos grupos: familiares de los autores y de las víctimas, los cuales se solidarizan con sus parientes. Iniciar sesión Registrate; Iniciar sesión Registrate. 5. Instituciones. Fernando Cantuarias Salaverry c. Fiscal de la Trigésimo Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima [hábeas corpus], 06167-2005-HC, (Tribunal Constitucional [Perú], 28 de febrero de 2006). Las comunidades y los pueblos indígenas no son «reductos congelados de una tradicionalidad ubicada fuera del tiempo y al margen del país» (Degregori, 2000, p. 49). A pesar de la carencia de la ley de coordinación, el Poder Judicial realizó entre 2010 y 2016 siete congresos sobre justicia intercultural, así como cientos de eventos y reuniones en los cuales participaron en total miles de representantes de comunidades y de rondas campesinas, también jueces y fiscales. Acá, algunas de las problemas recogidos por la encuesta de Pulso Perú, elaborado por Datum, en la que los peruanos se sienten identificados. Era cierto, pero mi análisis se limitó a los vínculos de dependencia respecto del poder del Estado. En este caso se plantea el problema como proteger a individuos contra decisiones totalitarias. Recuperado de http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/ Jurisp/2010/Enero/08/AP-1-2009-CJ-116.pdf. 2021. El punto de partida fue el debate sobre el proyecto del Poder Judicial en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (en adelante, Comisión de Pueblos). Investigador en el Peace Research Institute Frankfurt/Alemania. La FAO, OMS, PMA en sus informes reconocen que un gran problema en todos los países, especialmente en América y el Perú: la desnutrición crónica y anemia que compromete a grandes sectores de la población infantil y también la malnutrición por el uso indiscriminado de alimentos ultra procesados, aceites y azucares que están haciendo . [ Links ], Ariza, R. (2010). La justicia en el Perú. Cuando los excluidos tienen derecho: justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad. Mientras que los litigantes y los acusados en el sistema estatal siempre tienen remedios contra sentencias que les parecen injustificados, luego de la repartición del sistema nacional de justicia en una vía ordinaria y otra indígena, las partes sometidas a la justicia comunitaria no tendrán ningún remedio de queja o impugnación contra las decisiones comunales de acuerdo con el diseño normativo de la Comisión de Pueblos. Estas demandas, basadas en el derecho propio de la población local, significan una ratificación más de la existencia de la justicia comunitaria. CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN. II. Luego de varias iniciativas legislativas en el pasado, el debate sobre la ley de coordinación fue impulsado nuevamente en 2011 por el Poder Judicial. ), todavía no se puede descartar que las autoridades comunales se muestren indiferentes frente a abusos sexuales y no persigan tales denuncias. Recuperado de http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/48reportemensual-de-conflictos-sociales-148-junio-2.pdf [ Links ], Degregori, C. I. La resolución de casos de estas materias constituye la fortaleza de los fueros comunales. Llama la atención que la posición «maximalista», que argumenta a favor de una justicia comunitaria ilimitada, no coincida, de manera tan evidente, con los intereses de los dirigentes de las comunidades, quienes favorecen, en su mayoría, la idea de que ciertos casos sean resueltos por la justicia estatal. hjb@brandt-hm.de. El mundo andino, población, medio ambiente y economía. Se muestra que los delitos contra la vida fueron derivados en la práctica judicial a los fueros estatales. Al mismo tiempo, conceder una amplia discrecionalidad a una "jurisdicción especial" conlleva el riesgo de debilitar al sistema judicial, cuyo problema fundamental ya es su debilidad» (2013, p. 308). El artículo 149 de la Constitución establece que las funciones jurisdiccionales de las comunidades y rondas campesinas se ejercen «de conformidad con el derecho consuetudinario», pero el derecho propio no diferencia entre delitos y faltas. Reforzar los derechos colectivos, ejercidos por las autoridades comunales, no debería conducir a la privación de derechos individuales por el solo hecho de pertenecer a una etnia campesina o indígena. Lima: Instituto de Defensa Legal. Sin embargo, el Congreso sigue, desde 1993 cuando se promulgó la Carta Magna, sin cumplir con esta tarea. (eds.). Ojo Público. Es decir, estas controversias principalmente serían en principio justiciables ante los fueros de la justicia ordinaria. En el debate sobre la necesidad y el contenido de la ley de coordinación se articulan intereses antagónicos y opiniones polarizadoras, pero también posiciones que abogan por un sistema equilibrado de vías jurisdiccionales en interés del bien común. . En razón de ello, la Defensoría del Pueblo ha elaborado informes y emitido recomendaciones para colaborar con el Estado en la solución de los problemas que cotidianamente enfrentan quienes no acceden plenamente a la satisfacción de este derecho. Haciendo un estudio de estas fuerzas, Altamirano (2006) sintetiza la historia reciente de las migraciones desde y hacia el Perú en cinco fases Así se explica el intento de restar a las rondas campesinas autónomas la capacidad de impartir justicia. Invisibles entre sus árboles: Derechos humanos de las mujeres indígenas amazónicas en el Perú; El caso de las aguarunas, asháninkas y shipibas. Recuperado de http://www.brandt-hm.de/publicaciones.html [ Links ], Brandt, H.-J. LA LUCHA POR LA LEY DE COORDINACIÓN INTERCULTURAL DE JUSTICIA. III.1. El Comercio. Esta corriente de opinión se caracteriza también por el intento de implementar sistemáticamente los principios de la coexistencia y de «igual jerarquía» de los sistemas de justicia, al igual que las posiciones «maximalistas». O en otras palabras ¿cuáles son las fuentes de derecho de la justicia comunal? Esto no quiere decir que la justicia ordinaria ofrezca una protección mejor. Se permitía a las comunidades castigar a sus miembros en caso de haber infringido su pacto social. La identidad cultural es solo un elemento constitutivo de la justicia comunitaria, el otro elemento es la defensa contra la delincuencia que es frecuentemente cometida por terceros, como abigeos. La reforma del sistema de justicia. Un indicador es la protección de los derechos de la mujer. El motivo no fue el mantenimiento de valores y normas culturales, sino el desamparo de la población rural ante la delincuencia y la necesidad de organizar un sistema de autoprotección. Por otra parte, hay conflictos graves como homicidios o violaciones de niñas y mujeres que perturban no solo a la comunidad, sino también a la sociedad regional y nacional. Gran parte de la población detenida carece de una sentencia condenatoria. Lima: Instituto de Defensa Legal. En cambio, no hay ningún problema si las rondas, luego de investigar los hechos, derivan el juicio al Poder Judicial («Piura: Rondas Campesinas», 2015). Además, todavía ambas jurisdicciones no actúan en forma complementaria. (2007). Los conflictos organizativos mayormente por el incumplimiento de obligaciones comunales se encuentran en el tercer nivel (10%), seguidos por la violencia contra mujeres y conflictos familiares (6%, N = 268). En cambio, la justicia comunal o rondera aparece como un sistema diametralmente opuesto a la justicia estatal. Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda Esrar Ekimi, Kullanımı ve Kaçakçılığı . Quito: Ministerio de Justicia. En C. Espinosa & D. Caicedo (eds. Pero hay conflictos graves y complejos que afectan no solo a la comunidad, sino a la sociedad en su conjunto como delitos contra la seguridad del Estado, de lesa humanidad, de desaparición forzada de personas, de criminalidad organizada, de peculado, de enriquecimiento ilícito, delitos financieros, etcétera. En tal sentido, se recomienda la creación de «Comités Distritales de Justicia Intercultural», compuestos por magistrados y representantes de comunidades en condición de escabinos o jueces ciudadanos (Brandt, 2010). Sin embargo, va más allá del alcance del presente texto discutir los diversos aspectos teóricos discutidos en este debate (véase Kingreen & Poscher, 2016, p. 77; von Münch & Kunig, 2000, pp. Un reciente reporte denominado "La Justicia en el Perú: cinco grandes problemas" pone en evidencia las dificultades que enfrenta nuestro sistema judicial. La sociedad debería estar en condiciones de comprender cómo y porqué se llegó a una determinada decisión. La política jurídica «minimalista», finalmente, no serviría a los intereses propios de la industria extractiva, pues el resultado serían tensiones sociales y una caótica situación de seguridad en muchas regiones del país, lo que entorpecería el desarrollo económico de las empresas. Entre los más de 700 conflictos analizados en nuestro estudio entre 2003 y 2010 en el Perú, registramos solo nueve casos de violación sexual y ningún homicidio. Concluyendo, la «esencia» se puede determinar cuando se pregunta cuál es el objetivo principal que la norma constitucional quiere alcanzar. El tratamiento de conflictos: Un estudio de actas en 133 comunidades (Serie Justicia Comunitaria en los Andes: Perú y Ecuador 1). Llegamos a la conclusión de que «aún no se puede hablar de un cambio de valores, pero se puede observar el inicio de una nueva orientación» (p. 348). (2006). Por ejemplo, en Puno dirigentes de rondas campesinas programaron para el 1 de mayo de 2017 un paro preventivo a nivel nacional de 24 horas en contra de la ley, actualmente discutida en el Congreso, porque «atentaría contra las Rondas Campesinas» («Puno: programan paralización», 2017). La diferencia es que este planteamiento no reclama una competencia ilimitada de la justicia comunal, sino que sostiene que el juzgamiento de algunos delitos, como crímenes internacionales y delitos contra el Estado, debería corresponder a la justicia estatal. El dictamen de la Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia que se aprobó en la Comisión de Pueblos en 2013 no llegó a ser debatido por el Pleno del último Congreso hasta julio de 2016. Poder Judicial: los protocolos interculturales. Ahora, la «gran mayoría (75%) de los dirigentes […] afirma que las normas estatales correspondientes son tomadas en consideración, sea porque la conciencia en la asamblea ha cambiado, sea porque las normas legales se han convertido también en derecho comunal, incluyéndoles en los estatutos» (Brandt, 2013, p. 300). El dictamen determina que estas personas serán sometidas a la competencia de la jurisdicción comunal, sin otorgarles un remedio legal ni contra la decisión sobre la vía judicial ni contra las resoluciones impuestas. Estos casos transgreden frecuentemente las posibilidades de las comunidades de restablecer la paz, educando y resocializando a los actores, como se verá más adelante (véase infra III.4.). Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Handkommentar (11a ed.). Baden-Baden: Nomos. La mayoría justifica su opinión con la pésima imagen del Poder Judicial, especialmente con respecto a la demora de los procedimientos, los costos, la corrupción y la impunidad. htm, Yrigoyen, R. (2004, junio). Se presenta el caso de violaciones en contra de los derechos de soberanía y espacios marítimos en el mar Caribe. Si bien es cierto que la ronda campesina sancionó en este caso a delincuentes que cometieron delitos de violación sexual y asesinato, esto no significa que la jurisprudencia de la Corte Suprema impida al Congreso excluir en el futuro delitos graves como asesinato o violación sexual de la competencia de las rondas. 15. Conforme con Ardito, «la autonomía, sin ningún elemento de control posterior, contribuye a que se generen injusticias y a que los propios grupos se debiliten y pierdan legitimidad» (Ardito, 2011, p. 186). 26 MUNK, Salomon, Mélanges de philosophie juive et arabe, Op. Cabe señalar que la aplicación de esta posición jurídica generaría varios problemas. Al parecer, la Comisión de Pueblos estimó que este planteamiento vulnera el principio de la autonomía de los fueros comunales. Cabe observar que «los dirigentes de las organizaciones campesinas manifiestan interés en la coordinación con la justicia ordinaria porque esta aspiración corresponde a un reclamo del movimiento rondero y comunal por el reconocimiento de su jurisdicción» (Brandt, 2013, p. 348). Esta transformación genera conflictos. La competencia material definida por el dictamen es más amplia que en el proyecto de ley del Poder Judicial. podría contribuir a generar un círculo virtuoso que nos permita ser más conscientes del rol fundamental que cumple la justicia en el progreso de nuestra sociedad. Pero se plantea el siguiente interrogante: «¿cómo se puede defender contra la vulneración de aquellos derechos ("simples") que todavía no significan una lesión de derechos humanos? El resultado del procedimiento es plasmado finalmente en un acta de conciliación o «reconciliación». (1937). En nuestro caso, debe ser claro para los usuarios adónde tienen que acudir con sus problemas legales, y los jueces y las autoridades comunales deben saber en qué tipo de conflicto tienen la facultad de decisión y cuándo tienen que derivar el caso al otro sistema. . También en el nuevo proyecto de ley se ignora la necesidad de la protección de derechos individuales de los campesinos e indígenas contra abusos y decisiones injustas de la justicia comunitaria (si no constituyen una vulneración de derechos humanos). Cuando publiqué Jueces, justicia y poder en el Perú, en 1982, consideré que el principal problema de la justicia residía en su relación umbilical con el poder, de la cual se derivaban los demás. En una atmósfera muy emocional y un escenario de relaciones estrechas de vecindad y parentesco, resulta casi imposible para las autoridades comunales mantener la distancia necesaria para lograr una decisión imparcial. No existen mecanismos de intercambio entre los actores de los sistemas jurisdiccionales sobre las competencias de los fueros, conceptos de justicia y la vigencia de normas legales. Download Free PDF . No se trata de sistemas aislados, al contrario, se puede observar una interdiscursividad, un acoplamiento estructural entre los ordenamientos normativos. En B. S. Santos & J. L. Exeni Rodríguez (eds. No es un problema usual pero tampoco irreal» (Brandt, 2013, pp. Se muestra una procedencia heterogénea de las normas. Publicaciones sobre Justicia de Paz y Justicia Comunitaria. Walter Gutierrez CamachoTV Peru Noticias15-12-2015. Documento preliminar 2014-2015. Por ejemplo, el empleado que obtiene premios debe tener un buen desempeño. Las autoridades tratan de resolver el verdadero fondo del conflicto no solo el sustrato jurídico, como en la justicia ordinaria. PROVISIONALIDAD DE LOS JUECES DEMORA EN LOS PROCESOS JUDICIALES CARGA Y DESCARGA EN EL PODER JUDICIAL PRESUPUESTO EN EL PODER JUDICIAL SANCIONES A LOS JUECES CINCO GRANDES PROBLEMAS DE JUSTICIA EN EL PERU Cristina Nieto Montalvo. Si el fuero intercultural llega a la conclusión de que la decisión comunal debería ser derogada o modificada, siguiendo el derecho propio de la comunidad, no se trata de una intromisión injustificada o una discriminación. LAS EXPERIENCIAS CON LA JUSTICIA COMUNITARIA. Pimpolhos da Grande Rio . 10). Nuestro estudio muestra que el juicio extendido de que la justicia comunitaria siempre es una instancia que perpetúa el machismo y la sujeción de las mujeres es un prejuicio. Heidelberg: C.F. La ventaja de una instancia de esta índole sería (1) que se evitaría el estancamiento de juicios por la falta de acuerdos entre las jurisdicciones, (2) que la instancia sería compuesta por representantes de los diferentes sistemas de derecho y que ambas perspectivas convergerían en la resolución, (3) que los integrantes de estos fueros interculturales a nivel regional no estarían involucrados directamente en las controversias que son materia del juicio y (4) que se podría desarrollar reglas generales para solucionar tales conflictos mediante una jurisprudencia. 5 para una breve descripción de la evolución del concepto de acceso a la justicia y su recepción en diversas legislaciones comparadas, véase gherardi (2006). Historia de la corrupción en el perú. Por consiguiente, ni la Fiscalía ni el Poder Judicial tendrán la facultad de investigar estos hechos punibles ocurridos en los territorios comunales. En estas situaciones habría que prever una instancia intercultural de decisión a nivel de los distritos judiciales. Walter Gutierrez, presentó en La Hora N un informe sobre el problema judicial en el Perú y las reformas que se necesitan. Journal of Law and Society, 14(3),279-302. doi: 10.2307/1410186 [ Links ], Santos, B. S. (2012). En cuanto a la competencia personal sobre personas ajenas a la comunidad, por ejemplo comerciantes con negocios con comuneros o personas que por casualidad incurrieron en un accidente de tránsito en el territorio de la comunidad, el dictamen descarta la propuesta mencionada del Poder Judicial. Estos comités interjurisdiccionales tendrían funciones de intercambio entre los actores de los sistemas judiciales sobre problemas de competencia, la vigencia y la aplicación de normas, así como sobre la colaboración y el mutuo apoyo de las instancias jurisdiccionales. En el Perú se vive una severa crisis por la corrupción en el sistema judicial. Del mismo modo, el artículo 149 de la Constitución Política del Perú no menciona literalmente una limitación de la justicia comunitaria a materias específicas, pero señala que la «ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con […] las demás instancias del Poder Judicial». Los yacimientos minerales se hallan en zonas rurales de los Andes, donde, por ejemplo, en Cajamarca la empresa minera Yanacocha explota oro y planifica el proyecto gigante y controvertido «Conga», mientras que en la Amazonía se extrae petróleo crudo y gas, por ejemplo, en el controvertido proyecto Camisea. Se puede objetar que las decisiones de la justicia comunitaria son impugnables en la jurisdicción constitucional si violan derechos humanos (Dictamen 01-2013-2014/ CPAAAAE-CR, art. La «justicia indígena es un sistema milenario, pues ha persistido por generaciones y hoy es aplicado por las nacionalidades y pueblos» (Baltazar, 2009, p. 454). El proyecto se basa, en gran medida, literalmente en el mencionado dictamen, aprobado por la Comisión de Pueblos en noviembre de 2013, que a su vez se fundamenta en la mencionada propuesta del Poder Judicial. 451472). La propuesta normativa tendría que corresponder también a las convicciones jurídicas compartidas en la sociedad mayoritaria. (2016). Si se les pregunta, se llega a respuestas muy claras: no tienen confianza en la justicia estatal. Normas, valores y procedimientos en la justica comunitaria: Estudio cualitativo en comunidades indígenas y campesinas de Ecuador y Perú (Serie Justicia Comunitaria en los Andes: Perú y Ecuador 2). Lima: Flora Tristán. Ello dio lugar a que los diferentes ministros concurrieran a Palacio de Gobierno. Problemas sociales en el peru. Detallado estudio sobre la justicia en el Perú revela graves problemas que impiden un eficiente servicio: carga procesal supera los 3 millones de expedientes, excesiva demora en la resoluci . La hipótesis de la que parte la presente investigación es que, si bien el Estado . Coordinación entre sistemas jurídicos y administración de justicia indígena en Colombia. Related Papers. Recuperado de https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ anuario-derecho-constitucional/article/view/30325/27372, Mejía, M. (2015, 20 de septiembre). sino que propone cinco criterios de justicia en educación que trazan un escenario exigente para el Estado y el sistema educativo. A la pregunta «¿cuál justicia atiende mejor a las mujeres de las comunidades?», un 90% de las autoridades comunales afirma que es la justicia comunitaria (Brandt, 2013,p. La ola migratoria presenciada en el Perú es el resultado de un conjunto de fuerzas tanto sociales como económicas y políticas que se desarrollan de manera paralela a la historia reciente del país. En las últimas décadas, ha incrementado el número de jóvenes menores de edad económicamente activos. [ Links ], Defensoría del Pueblo (2016, junio). Cinco grandes problemas. El informe "La Justicia en el Perú.Cinco grandes problemas", elaborado por La Ley y Gaceta Jurídica arroja un resultado más que preocupante sobre nuestro sistema de administración judicial. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo. Aunque durante el imperio incaico las comunidades gozaban autonomía en cuanto a la vigencia de su derecho consuetudinario, el Curaca de la comunidad precisaba, para el juzgamiento de delitos graves que tenían como consecuencia la pena capital, la aprobación previa de parte del funcionario imperial más alto de la región, por ejemplo, en casos de homicidio o de violación de mujeres (Cunow, 1937, p. 164; Basadre, 1937, p. 183; Murra, 2002, p. 396). Panorámica del derecho indígena ecuatoriano. LA POBREZA. La solución aquí propuesta son los mencionados «Comités Distritales de Justicia Intercultural», compuestos por representantes de ambos sistemas. Ananias Narvaez c. la directiva del Cabildo, 1994, fundamento 7.3). Cuantitativamente resuelve, en primer lugar, conflictos patrimoniales (44% en total), sobre todo por daños materiales. (ed.) Más aun, sería un golpe mortal contra los esfuerzos exitosos de parte del Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía y autoridades regionales de llegar a una cooperación con las rondas campesinas. Código ORCID: 0000-0003-2991-2647. [ Links ], La Rosa, J. A continuación, trataré de contestar a estas preguntas desde tres perspectivas: a) las experiencias con la justicia comunitaria; b) la lucha por la Ley de Coordinación Intercultural de Justicia; y, II.
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